"Los proveedores ya no se presentan a cotizar en los distintos procedimientos de contratación que se procuran llevar adelante, atento a que no se han abonado sus facturas anteriores, holgadamente vencidas, ni tampoco se les da fecha cierta para su cancelación, estando ellas referidas a obras consideradas indispensables, para el funcionamiento de las dependencias judiciales", explicó el titular de la Suprema Corte.

Según destacó en una carta al gobernador, falta dinero para insumos básicos como papel,cartuchos de impresoras, elementos de limpieza, entre otros. Y le exigen al gobernador que tome las medidas para que Tesorería General le envíe 15 millones de pesos para pagarle a los proveedores y otros 12 millones de anticipo para guardar en la "caja chica" y afrontar gastos de contratación directa y el pago a especialistas.

El pedido de los jueces al Ejecutivo fue realizado por primera vez y en privado hace casi un mes a través de una nota dirigida al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Este último miércoles los magistrados decidieron remitirse directamente al gobernador Daniel Scioli y tras 24 horas de espera decidieron hacer público el reclamo.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial parece no atravesar el mejor de los momentos. Justo cuando los jueces advertían la crítica situación económica que estaba atravesando, un proyecto de declaración aprobado por unanimidad en el Senado bonaerense dejó en evidencia un conflicto de Poderes por quién debe hacerse cargo de controlar a las 26 mil personas que acceden a condenas condicionales o deben cumplir una suspensión de juicio a prueba.

En la nota al gobernador Daniel Scioli, el presidente de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani, explicó que la falta de insumos se "profundizaron con el correr de los meses, debido a la exigüidad de los fondos recibidos de la Tesorería General" y subrayó que "este estado crucial ha cobrado una magnitud tal que trasciende las meras dificultades que se han venido sorteando con denodados esfuerzos,toda vez que repercute de manera sensible y significativa en el desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional, afectando la normal prestación del servicio de justicia, que se encuentra en la actualidad seriamente comprometida".

Números del presupuesto

El Poder Judicial tiene asignado para este año 3.797 millones de pesos, el 4,5% de los recursos presupuestados. De ese total 1.233 millones le corresponden al Ministerio Público y los 2.563 millones restantes son para la "Administración de Justicia".

Aunque no trascendió de cuánto es el retraso que Tesorería General mantiene con el Poder Judicial, se supo que el reclamo de fondos que el presidente de la Suprema Corte exige para pagar a los proveedores y garantizar el normal funcionamiento del servicio corresponde al 1% de lo que tiene asignado.