Cualquier habitante de la Provincia podrá ir a las oficinas de la Agencia de Recaudación (Arba) y denunciar situaciones que puedan llegar a constituir infracciones fiscales que se vinculen con la recaudación de impuestos. Y a cambio, ese denunciante recibirá como recompensa una suma de dinero equivalente a un porcentaje del monto de las sanciones tributarias que se apliquen al evasor.

Esta particular figura del denunciante tributario está contemplada en el artículo 186 de la Ley Impositiva que el gobierno de Daniel Scioli envió ayer a la Legislatura y que amenaza con generar una fuerte polémica durante el debate parlamentario.

El artículo faculta a Arba a poner en práctica “en la forma, modo y condiciones que al efecto establezca”, un sistema de “Denuncia Pública Tributaria” a través de la cual “cualquier interesado podrá poner en conocimiento hechos, actos, omisiones o situaciones que puedan llegar a constituir infracciones fiscales, constituir o modificar hechos imponibles, o que puedan vincularse con la recaudación de tributos”.

Además de establecer que las denuncias no podrán ser realizadas en forma anónima, la normativa incluye una suerte de recompensa para el denunciante. “Tendrá derecho al pago de una suma de dinero equivalente a un porcentaje del monto de las sanciones tributarias que pudieran llegar a imponerse a los denunciados, que determinará la reglamentación”, se indica.

El articulado dispone además que en ningún caso ese premio podrá superar los 10.000 pesos y que el pago se hará efectivo “luego de producido el cobro de las sanciones impuestas como consecuencia de la denuncia”. Así, el gobierno provincial busca incentivar las denuncias y estrechar el cerco sobre los evasores.

De esta forma, por ejemplo, un vecino podría denunciar a otro que amplió su casa y no declaró la nueva construcción al fisco. O dar cuenta de un comercio que no tiene habilitación o que no emite facturas.