El convenio apunta a incorporar en la administración pública los principales procesos estandarizados y mecanismos internacionales de combate a la corrupción adoptados por la Oficina Anticorrupción,  y la planificación de acciones a futuro en esa línea.

Además plantea involucrar a funcionarios públicos en temas vinculados a la transparencia, ética y eficiencia en la gestión pública; y movilizar procesos de participación, evaluación, control y cambio en las organizaciones del sector público. El convenio alcanza la adecuación de tecnologías y procedimientos que utiliza la oficina anticorrupción en el ámbito provincial y evaluar además la implementación de nuevos desarrollos.

Al referirse al convenio, el director de Arba, Martín Di Bella, sostuvo que "la tarea conjunta y los procedimientos aportados entre ambos organismos, posibilitarán lograr una mayor transparencia en la administración pública. Nosotros defendemos la cooperación y el trabajo integrado entre los diferentes niveles de gobierno, porque eso siempre se traduce en servicios más efectivos para los vecinos ", explicó.

La Oficina Anticorrupción, dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación - que conduce Julio Alak, fue creada por ley en el año 1999, con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ejercer las competencias y atribuciones establecidas en la ley en esta materia