Tapia solicitó la investigación y juzgamiento de los efectivos por los delitos de falsa denuncia, falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita”.

Lo hizo en perjuicio del capitán Roberto Bouzada y del subteniente Samuel Lanza, ambos pertenecientes al Gabinete de Prevención del delito de la Comisaría Cuarta Departamental, y de los civiles Sergio Centurión, Rubén Cagianesa y Maximiliano Maciel.

Según la resolución de Tapia, a la que accedió DyN, su sospecha se inició “a raíz del pedido de registro de tres domicilios por parte de un fiscal para secuestrar vehículos tras una investigación de esos policías sin mediar denuncia por robo alguna”.

Los policías se cruzaban en otros pedidos de allanamientos con similar procedimiento y siempre con los mismos testigos, pero con distintos turnos de fiscales, según la resolución.

Tapia dijo a esta agencia que “en el pedido que realiza la fiscal actuante noté que no existía ninguna denuncia previa por robo, y que en mi juzgado había intervenido en pedidos similares de otros fiscales con el mismo proceso”.

“Siempre uno o el otro policía iniciaban una investigación en base a la declaración de un testigo circunstancial de un hecho, en algunos casos casi burdo. A partir de allí supuestamente se inicia una investigación donde luego piden allanamientos para dar con delincuentes y elementos sustraídos”, contó el juez.

La resolución indicó que “de la información vertida en los procesos se advierte la concurrencia de denuncias por delitos de acción pública evidentemente falsos, que responden a una idéntica mecánica, que fueron recibidas por los funcionarios policiales Bouzada y Lanza, y que contaron con la intervención de un grupo de testigos intercambiables, reiterados en todas las ocasiones”.

“Los procedimientos como era de esperar en ningún caso arrojaron resultados positivos respecto a los presuntos delitos de acción pública denunciados, pero permitieron servir de expediciones de pesca para el hallazgo de otros elementos de cargo para formular imputaciones penales y la producción de estadística policial de presunta eficacia en el control de la criminalidad”, reprochó Tapia.

El juez subrayó que “hasta el momento la denuncia no implica al resto de los funcionarios de la comisaría, pero de todas formas comuniqué al jefe Departamental de policía Lorenzo Velázquez. Habría que seguir investigando en las demás fiscalías y causas si hay otros casos similares a los que denuncio”.