Según explicó el presidente de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (Acuba), Gerónimo Rossi, la decisión de iniciar acciones legales contra los quiosqueros, las tabacaleras y las empresas de telefonía celular es por el cobro del 15% extra en cigarrillos y el adicional de $1 en las cargas virtuales a celulares. “Después de una las audiencias de conciliación que se realizaron en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), no hubo acuerdo entre las partes y por eso tomamos esta decisión”, aseguró Rossi, quien dialogó con El Atlántico

Desde principios de este mes, la Cámara que nuclea a los quiosqueros de Mar del Plata resolvió elevar el precio de los cigarrillos y cobrar un recargo por cada carga virtual con el fundamento de la falta de rentabilidad. “Teniendo en cuenta que en la última audiencia no participaron ni los comerciantes ni su representante legal decidimos llevar a cabo esta medida, porque ante la falta de predisposición para llegar al acuerdo no nos queda otra opción”, agregó el titular de la asociación. “Nuestros abogados están trabajando en los detalles de la presentación judicial, porque de ninguna manera vamos a dejar esta situación a la deriva”, puntualizó.

Ante la consulta de por qué se decidió iniciar una medida judicial de forma privada y no desde la misma Oficina Municipal de Información al Consumidor, Rossi especificó que desde la entidad también están trabajando en la denuncia que ya realizaron, pero que esta presentación es de carácter “privado”. “Los quiosqueros no entienden que hay una violación de la normativa, lo único que hacen es ampararse en una supuesta inconstitucionalidad, pero hasta tanto eso no se dicte, las normas hay que cumplirlas”, concluyó el titular de la ONG.

RESPUESTA DE LOS QUIOSQUEROS

Por su parte, el apoderado legal de la Cámara de Quiosqueros, Fernando Herrera, aseguró que la presentación de la asociación los tiene “sin cuidado”, porque ellos ya hicieron su descargo y consideran que “no existe ninguna norma legal que impida ejercer el libre comercio”.

“Nosotros presentamos el documento oficial en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y ya nos expresamos: consideramos la incompetencia de la oficina de Defensa del Consumidor para distorsionar o afectar el derecho constitucional de libre comercio y precio”, señaló Herrera, quien recordó que por ese motivo -en el documento elevado- los comerciantes solicitaron a la oficina que “se abstenga de realizar acciones o dictar normas que afecten los derechos constitucionales de los comerciantes”.

“Lo que demuestra que esto no tiene ningún sentido es que las acciones se inician desde una entidad privada y no desde la dependencia pública y eso es, justamente, porque saben que no estamos haciendo nada ilegal”, observó el abogado quien también comentó que recientemente - y en base al documento que elevaron la semana pasada- tuvieron una respuesta favorable por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. “Nos enviaron una carta expresando que, como dijimos nosotros, no hay un precio tope y que la medida es legal”, agregó el representante de los quiosqueros.

“Es una locura porque ellos están yendo en contra de la norma del libre comercio, quieren acotar ese derecho; es totalmente increíble”, finalizó Herrera.