11/01/2011
Un duro revés para el gobierno. Así se visualiza el anuncio de que un Juzgado Federal concedió un recurso de amparo ante el tema de la construcción de cabañas en el lugar designado como “Parador Frontera Sur”. Bastante agua corrió bajo el puente desde el momento en que vecinos hicieran uso de la Banca 15 y se desarrollara una agitada Sesión del Honorable Concejo Deliberante, donde no logró constituirse una comisión investigadora, pero si una “comisión ampliada” para revisar el caso puntual. Así mismo, como se recordara en la misma sesión el oficialismo logró imponer su mayoría mediante el doble voto de la Presidencia a efectos de “no interrumpir el desarrollo de las obras en curso de ejecución”. De allí en más se sucedieron las marchas de los vecinos opositores a la construcción, que acumularon once domingos movilizados. Del lado del Gobierno, finalmente surgió la negativa a sumarse a la Comisión acordada y dejar “todo en manos de la Justicia”. Rios de tinta virtual corrieron por la Internet. El tema parecía objetivamente estancado, mientras las cabañas avanzaban. El mismo Gobernador Scioli habría preguntado por el tema aconsejando la declaración de “Paisaje Protegido” para el Vivero de Miramar, algo similar al status del que gozan los bosques de la Capital Provincial. Pero hasta la Noche de Reyes, la Justicia no había dado señales de vida. Fue cuando el Estudio Jurídico Jose Esain subió a su blog la información de que el Expediente Nro. 91802/10, titulado “Alejandro Godoy y Domingo David contra Alejandor Santi y Otros” había sido tomado por el Juzgado Federal Nro. 2 (con el Juez a cargo temporal) previa consulta a la Fiscalía de Estado. A partir de allí, la Justicia resolvió no innovar y plantear al Municipio de General Alvarado la restricción a seguir con las obras. De ahora en mas todo esta en manos judiciales, como debe ser. Allí se deberán ventilar las razones de los asambleistas y las de la Comuna para que se decida finalmente el destino del controvertido proyecto de las “Cabañas Frontera Sur”. La decisión judicial y la competencia del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, serán el ámbito de la discusión de ahora en más. Es de esperar la celeridad de una resolución definitiva al diferendo. Las medidas cautelares o los recursos de amparo, son medidas provisorias. Hasta conseguir un fallo, los opositores han logrado un paso adelante. Se los atenderá desde las argumentaciones racionales, ambientales y administrativas. El Municipio por su parte, estará obligado, en su defensa a presentar todos los elementos legales existentes en los expedientes que durante mucho tiempo, fueron mas o menos negados al conocimiento publico. “Justicia tardía no es Justicia”, reza una vieja máxima vigente en los cafés frecuentados por abogados. La sociedad toda de Miramar, espera una pronta resolución de la controversia, que seguramente sentara además, un precedente al que deberán atenerse futuros proyectos. Siempre hemos sostenido que el Vivero necesita un Plan racional consensuado y transparente para lo que en el se haga, para beneficio del turista y los habitantes permanentes. Hoy por hoy la gente ama la naturaleza “en estado puro” (a condición de que tengan wi fi disponible), cosas hay que hacer. Además el Vivero Municipal en si mismo requiere un Plan Integral Sustentable de Desarrollo. Cada día que pasa muchos árboles mueren, los caminos siguen sin contar con las trazas de los radales originales, el riesgo de incendio no es manejable a pesar de la presencia de un Destacamento especial de Bomberos, el Bosque energético sigue muriendo sin que se prevea su recreación… en fin una multiplicidad de aspectos que deben ser encarados con seriedad y no a base del “juego de las excepciones” que tanto mal le ha hecho a la ciudad en el pasado. Recordemos el ejemplo de los edificios costaneros, hechos en contra de las normas urbanísticas vigentes, acordados mas o menos irregularmente y los efectos que tuvieron (playas sin sol durante años). Una experiencia como esa sumada a la resistencia de los vecinos en el caso Frontera Sur, hoy avalada por la medida cautelar judicial, deben hacer pensar a los Unos y los Otros en la necesidad de, dentro de la Ley, hacer todo lo posible para que el Vivero siga siendo el patrimonio de todos durante generaciones y a la vez mantenga actualizado su nivel de servicios acorde a los tiempos. De eso se trata.
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